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Articulos Opinión

Protección social y protección laboral en medio de la informalidad: dos rutas separadas

Por: Carlos León De la Cruz
Docente Escuela de Economía USAT

Una de las variables con mayor impacto negativo derivado de la pandemia es el empleo. Al cierre de diciembre 2020, solo en Lima, la PEA cayó en 7.9% respecto a similar período del 2019 (promedio móvil), el desempleo se disparó con un crecimiento de 120% (738 mil personas desocupadas).  En el caso nacional, las cifras disponibles a septiembre 2020, indican una caída de la PEA de 17.1%, el desempleo igualmente se duplicó, pues pasó de 3.5% a 9.6% de la PEA (1.5 millones de personas).

Si vamos al detalle del empleo, entonces a nivel nacional (a septiembre 2020) se cuenta con 3.5 millones de empleos formales, con una caída anual de 20.3%, este empleo formal representa el 31.8% de la PEA, este indicador también ha sido impactado ampliamente por el Covid. En Lima, a diciembre 2020, podemos realizar un análisis similar a partir de los trabajadores que cuentan con seguro de salud derivado del empleo, esto implica a 1.6 millones de trabajadores, que equivalen al 38.7% de la PEA ocupada, este grupo del empleo tuvo una caída anual del 26.8%.

Si comparamos en términos absolutos los movimientos del empleo, derivados de la pandemia,  encontramos que a nivel nacional salieron del mercado laboral 2.9 millones de personas, mientras que en Lima salieron de la PEA 415 mil personas, cifras que superan el crecimiento del desempleo (población buscando trabajo), es decir muchas personas no han vuelto al mercado laboral, esto supone que se integraron a la población inactiva o al empleo familiar no remunerado, ampliando aún más el sector informal de la economía.

Las cifras previas, si bien son muy preocupantes, no están ajenas a la realidad peruana de un empleo informal excesivo (alrededor de 68.2% nacional), inclusive entre sus pares latinoamericanos comparables. Por ejemplo Colombia tiene una tasa de 61.3% y el promedio mundial es de 50.5% en cifras de la OIT. Nuestro nivel de informalidad se acerca a los países de África con una media de 71.9% (con menor ingreso per cápita inclusive), cifra incluso mucho mayor si incluimos en nuestras medidas el trabajo familiar no remunerado.

Dado esa realidad de largo plazo en nuestro mercado laboral, surge el debate de la forma en que asociamos la protección social del trabajador (vinculado con la cobertura de salud para los trabajadores y la consecución de ahorros para el período de vida no laborable, en algunos casos se asocia con la cobertura de salud o sus determinantes, dentro del mismo espacio físico o remoto del trabajo) con los esquemas de protección laboral. Entendiendo esto último, como un empleo adecuado (condiciones y medios de trabajo que protegen o permiten el óptimo desarrollo de la actividad del empleado) dentro del marco de las contrataciones legalmente aceptadas en una economía.

Ambos aspectos de protección se juntan a la hora de establecer el grado de informalidad de nuestra economía y además marcan la pauta de rigidez en este mercado, también explican las enormes discriminaciones dentro del mundo laboral y señalan a futuro, que tan factible es -usando las mismas políticas actuales- que ambos niveles de protección lleguen a toda la masa de trabajadores.

Ambos esquemas de protección son también fuente de conflicto o tensión social, las recientes huelgas en el sector agroexportador peruano son un buen ejemplo. La reciente ley de promoción agraria 31110, por ejemplo, en el campo de la protección laboral, busca la contratación preferente en el marco de un empleo discontinuo o estacional, tratando de equiparar esta modalidad contractual con las condiciones de estabilidad laboral del empleo formal de otros sectores.

Dentro del esquema de protección social, dicha ley, incluye beneficios extras a los trabajadores como lactarios o alimentos dentro del mismo espacio laboral, generando además una diferenciación en el aporte al seguro de salud (6% en empresas de menos de 100 trabajadores) respecto a los demás sectores (9%) buscando compensar de ese modo el costo extra del resto de la protección social.

Al margen de lo discutible de tener sectores con normas especiales (exoneraciones sobre todo) durante largo plazo, es claro que nuestra legislación busca siempre asociar ambos esquemas de protección, lo que a decir de muchos crea un esquema de rigidez laboral que los empresarios procuran no cumplir y los trabajadores procuran lograr, un escenario de difícil equilibrio como ya vimos en nuestra realidad.

Evidencias de que las protecciones laborales excesivas o costosas, se encuentran en las formas de contratación predominante del mercado peruano, Jaramillo y Campos (2019) muestran que sólo 11.7% de la masa laboral asalariada contaba con un contrato de largo plazo, la apuesta empresarial sigue siendo contratar por períodos muy cortos, lo cual ni siquiera tiene que ver con la estacionalidad de la actividad, sino simplemente con evitarse costos asociados a los empleos de larga duración.

Levy (2019) pone en discusión si la forma en que hoy brindamos protección social y laboral al trabajador (este ideal conjunto) tienen efectividad, a la luz de los hechos de precariedad laboral en que viven los trabajadores en América Latina, pues es claro que no. Un trabajador se enferma por ejemplo, y el servicio estatal de ESSALUD en el Perú, donde se supone que tiene su cobertura formal, simplemente es de una calidad por decir lo menos, discutible, eso ya supone una amplia discriminación. Un trabajador informal en el mismo caso, puede recurrir al SIS (siempre que pague este seguro básico dirigido a los pobres), pero el servicio brindado por la red pública de salud peruana (MINSA) es incluso más precario que ESSALUD.

Entonces asistimos a estancos divididos por una red de burocracia y por diferenciaciones tangibles, trabajadores que usan servicios de salud exclusivamente privados y aquellos que recurren a los sistemas separados del estado, es claro que incluso dentro de este último estrato, una minoría sigue estando en mejores condiciones que los informales.

Si juntamos estas cifras con los indicadores de acceso al ahorro para la vejez, es decir esquemas pensionarios, los niveles de discriminación son mucho más amplios. Altamirano et al (2019)[1] encuentran que 4.6 millones de trabajadores cotizan en los sistemas de pensiones cualquiera sea su modalidad (3 millones en el sistema privado) lo que implica un 31% de la PEA ocupada, pero esto se ha reducido notoriamente con la pandemia y además con el retiro de fondos permitido por el gobierno (impulsados por el populista Congreso), simplemente ahora la cantidad de trabajadores que siguen ahorrando para una pensión es pues bastante pequeña.

Lo anterior nos da luces sobre un esquema de política pública que no da más, esto es seguir juntando la protección social (entiéndase principalmente salud y pensiones) con las normas o estilos clásicos de la protección laboral, la informalidad de nuestra economía lleva a que pensemos que la salud y las pensiones ya no pueden regirse desde una idea de contratación típica, dado que estos mismos esquemas son saltados por los empresarios.

Si nuestras conductas son altamente informales (gran parte por la baja productividad y enanismo empresarial), debemos buscar otros esquemas de protección social que simplemente partan de la idea de que nuestro empleo es independiente, no tiene contratos (o son muy cortos) y existe además una baja tasa de asalariados (alrededor del 46% de la PEA nacional, con una caída de 19% producto de la pandemia), ligar el empleo formal o informal asalariado, con la salud simplemente no funciona.

El acceso a la salud es un claro factor de reducción de la desigualdad social, por ello se debe ofrecer a todos los trabajadores, al margen de su condición laboral. Tampoco se trata de anunciar un SIS universal, porque simplemente no se tiene los recursos financieros para ello. De modo que encontrar nuevos mecanismos de financiamiento de la salud son necesarios, primero un fondo de salud contributivo (financiado con la tributación nacional), una pensión universal en el momento del retiro (incluyendo subsidios al ahorro para el futuro, sea mediante esquemas de aporte conjunto estado-trabajador o fondo semilla), homogenizar los costos de ESSALUD con los del SIS, incluyendo los aportes solidarios de los empleadores (inclusive un fondo que permita un subsidio cruzado entre estos sistemas), unificar los sistemas de salud o tener mecanismos fluidos de prestaciones de servicios entre el mismo estado y los privados, de modo que ninguna persona, sea cualquiera su condición, tenga negado su derecho a la salud, ya que puede ser costeada por el estado.

En plena crisis por la pandemia, debemos repensar la forma como brindamos la protección social y aún más, debatir acerca de las bondades o rigideces de los sistemas de contratación en el Perú, hoy dirigidos a una minoría protegida, los excesivos costos de contratar en nuestro país, también juegan en contra de los esquemas de protección laboral que necesita esa amplia mayoría de informales e independientes peruanos.[1] Altamirano, A. Berstein, S. Bosch, M. Caballero, G. García, M. Keller, L. y Silva, M. (2019) Diagnóstico del sistema de pensiones peruano y avenidas de reforma. BID.

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