Es importante resaltar dicha pasantía se realiza en el marco del Convenio suscrito entre la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y la Facultad de Derecho de la USAT, cuyo objeto primordial es precisamente “la prestación recíproca de asistencia técnica y académica entre ambas Facultades de Derecho, considerando especialmente el interés mutuo por la educación y la investigación en temas las libertades fundamentales de las personas y los principios democráticos”. Se considera como parte del Convenio en mención, la importancia de realizar actividades conjuntas entre las cuales se incluye la realización proyectos que concreten la movilidad y la internacionalización del personal docente  investigador.

Además, como bien señala la Directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, Abog. Erika Valdivieso López, el detallado trabajo de investigación que realicen los docentes forma parte del Programa de Capacitación docente elaborado por el Departamento a su cargo. 

En este evento organizado por el CIDAJ, se pretende mostrar la misión que realiza la OCMA como órgano de control de los magistrados. Su función está especialmente dirigida a fortalecer el desempeño ético, independiente, oportuno, jurídico y profesional de los magistrados y auxiliares Jurisdiccionales, mediante el control previo, concurrente y posterior de su accionar en el servicio de impartición de Justicia, a fin de promover con ello una gestión judicial proba, transparente, imparcial, moderna y eficiente.

El servicio de justicia es de vital importancia para el desarrollo del país, así como para generar seguridad jurídica, pero también lo es el papel que desempeña la OCMA con institución contralora de quienes integran el Poder Judicial.

Se trata de Rossana Esther Muga Gonzáles y Ángela Rocío Fernández Rojas, quienes vienes siendo capacitadas en regulación de infraestructura de transporte en el marco del VIII Curso de Extensión Universitaria, que dicta el Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), en la Sede de la Universidad del Pacífico, que se desarrolla del 24 de enero al 25 de febrero del presente año. 

A las estudiantes, así como a los demás seleccionados, OSITRAN les cubre los gastos que demanda su participación en el curso de extensión y a los primeros puestos se les ofrecerá oportunidades de prácticas laborales. 

Por su parte, Yadín Gonzáles Peralta y Mauricio Carranza Olivo, fueron seleccionados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para participar en el IX Curso de Extensión Universitaria, y por ello vienen siendo capacitados en temas de Regulación y Supervisión de la industria energética. Dicho curso se desarrolla en la ciudad de Lima,  del 10 de enero al 04 de marzo de 2011. 

Se supo, además, que a fin de premiar el esfuerzo académico y profesional de los alumnos admitidos al Curso, el OSINERGMIN ofrecerá contratos de prácticas profesionales desde Abril de 2011 hasta Enero de 2012 a aquellos alumnos que hayan ocupado los primeros puestos en las diferentes especialidades del curso. 

Vacantes 

01

Recepción de postulaciones en la web

Del 2011/02/02   Al   2011/02/06 a las 17:00 hrs.

http://www.s2ol.com/indecopi/detoferta.asp?r=757

Estudios Requeridos

Titulado en Derecho.

Experiencia Requerida

02 años

Descripción

Requisitos del Puesto:

Educación: Titulado en Derecho.

Conocimientos: Derecho Administrativo, Protección al Consumidor, Procedimientos Concursales, Eliminación de Barreras Burocráticas.

Experiencia: Experiencia Profesional de dos (2) años en temas afines.

Responsabilidades Clave:

1. Apoyar en las labores administrativas, de control y de Supervisión de la Oficina Regional del Indecopi.

2. Elaborar proyectos de carta e informes para los órganos resolutivos y áreas administrativas del Indecopi.

3. Elaborar proyectos de cartas preventivas y comunicaciones en general.

4. Realiza Notificaciones y diligencias varias (conciliación, medidas cautelares e inspecciones).

5. Apoyar en la realización de diligencias encomendadas a la ORI.

6. Apoyar al Jefe de ORI en la solución de los reclamos presentados en el servicio gratuito de solución de conflictos de la Oficina Regional del Indecopi.

7. Elaborar proyectos de resoluciones de protección al consumidor y procedimientos concursales y los que le sean encomendados por la Secretaría Técnica.

8. Asistir a los miembros de la Comisión en lo correspondiente a los procedimientos, a efectos que los proyectos presentados sean convenientemente aprobados.

9. Preparar estadísticas y reportes sobre los procesos tramitados para satisfacer las necesidades de información y controlar los procesos.

10. Coordinar la actualización, implementación y perfeccionamiento del Sistema de Seguimiento de Expedientes.

11. Colaborar en todas aquellas actividades destinadas a orientar una cultura de mercado, de tal manera que los consumidores asuman sus derechos y deberes como agentes económicos.

12. Atender las consultas telefónicas o personales realizadas por los usuarios, referentes a aspectos genéricos aplicativos a la Ley Nº 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor y Ley General del Sistema Concursal y modificatorias.

13. Guardar confidencialidad sobre los temas reservados de la Comisión u Oficina Regional.

14. Otras que le asigne el Jefe de Oficina de Oficina Regional.

Contraprestación Económica:

De acuerdo a evaluación y calificaciones del postulante.

 Tipo de contrato:

Contratación Administrativa de Servicios.

Los integrantes del CIDAJ se encargaron de desarrollar, organizar, ejecutar y evaluar el curso básico de capacitación sobre el Código Procesal Penal en el marco de la Ley No. 29574, con una duración de 30 horas, en las respectivas sedes. Estos eventos fueron inaugurados por los Drs. Abraham Vilchez Castro de Ancash y Daniel Vásquez Cárdenas de Santa. 

La capacitación tuvo como expositores: el Dr. Omar Zapata López (profesor USAT y defensor privado), la Dra. Ana Sales del Castillo (Juez Superior) quienes fueron a la sede de Santa – Chimbote; y, los Drs. Oscar Burga Zamora (profesor USAT y juez), Miguel Falla Rosado (profesor USAT y defensor) y Giammpol Taboada Pilco (Juez penal), quienes asistieron a la sede de Ancash – Huaraz. 

Se trataron temas de vital importancia para dar a conocer el NCPP, tales como: Características generales del CPP (principios, roles de los operadores y etapas), Tratamiento de la prisión preventiva, Salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal, Acusación y sobreseimiento (etapa intermedia), Juicio Oral: teoría del caso y técnicas de litigación oral, Taller de simulación de audiencias de juicio oral: exámenes y contraexamen de testigos y peritos; incorporación de prueba material; alegatos de clausura. 

Los beneficiarios de este curso fueron 60 operadores, entre ellos 15 jueces, 15 fiscales, 10 defensores públicos y procuradores públicos, 10 policías y 10 abogados privados por Distrito judicial.  

Cabe  mencionar que las actividades del programa han sido gestionadas y promovidas por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de la implementación del Código Procesal Penal y el Ministerio de Justicia, representado por el supervisor Dr. Martín Castillo Nizama, quien quedó sumamente satisfecho con la labor ejecutada por el CIDAJ en representación de la USAT. 

Dicho seminario fue organizado de manera conjunta entre la Universidad Católica Técnica Particular de Loja (Ecuador) y la Fundación Erdély: Instituto Europeo de Ciencias Ambientales (España).

Humberto Ruiz, intervino en el evento con dos ponencias relacionadas con Derechos Humanos y Justicia Juvenil Restaurativa, exponiendo la Carta Magna de Valores Fundamentales de Jóvenes para una Nueva Civilización, elaborada dentro de las actividades del Parlamento Universal de la Juventud, Proyecto de Juventud Idente (UTPL) y, finalmente, con la ponencia sobre los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la persona: criterios inspiradores de la interpretación y aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho. 

Dichas ponencias fueron realizadas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, con el aval de la Resolución Nº 0345 del Instituto Latinoamérica de Derecho (ILD) y de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); así como con el auspicio de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FANAJE), Escuela Internacional para el Desarrollo Humano, Municipio de Guayaquil, Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. También cabe señalar que, para el desarrollo de este Congreso, además se contó con el apoyo de Universidades nacionales e internacionales tales como: Universidad Católica de Cuenca (Ecuador), Universidad de Barcelona y Universidad de Granda (España), Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú), Universidad de Pasto (Colombia), y otras. 

En este evento participaron catedráticos invitados de diferentes países, entre los que destacan: Dr. Jean Schimitz (Bélgica), Dr. Antonie Lissorgues (Francia-Italia), Dr. Urs Kindhäuser (Alemania), Dr. Manuel Cancio Meliá (España),  Dr. Juan Mary Lois (Cuba), Dra. Martha Toribio (República Dominicana), Dr. Roberto Ponce Córdova, Dr. Jorge Lozano Delgado (Colombia), Dr. Percy García Cavero, Dr. Carlos Caro Coria, Dr. José Ñiquén de la Puente y Dr. Roger Pavletich Vidal (Perú), Dr. Roberto Gargarella y Dr. Matías Bailone (Argentina), Dr. Mario Gonzáles Durán y DR. Cesar Suárez Saavedra (Bolivia), Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, Dr. Alfredo Contreras Villavicencio y Dr. Juan Falconi Puig (Ecuador); entre otros. 

Los ejes temáticos tratados en este Congreso, fueron: Dogmática penal, parte general y parte especial, derecho procesal penal, política criminal, criminología, derecho penitenciario y realidad carcelaria en América Latina, Derecho penal del enemigo, justicia juvenil restaurativa, imputación objetiva, Derecho de menores, Derecho penal mínimo versus Derecho penal máximo, Corte Penal Internacional, Mediación penal internacional, Justicia indígena, Derecho de familia, Violencia intrafamiliar, delitos sexuales, Derechos Humanos, Derecho constitucional y el neoconstitucionalismo, contradicciones en el actual sistema de justicia, crimen organizado en Latinoamérica y sicariato, Derecho penal económico, lavado de activos y blanqueo de capitales, derecho migratorio y trafico de personas, inseguridad jurídica y responsabilidad del Estado, derechos fundamentales, Derecho informático y delitos informáticos, derecho tributario y delitos tributario, derecho aduanero y delitos aduaneros, derecho societario y delitos societarios, derecho ambiental y delitos ambientales.

El tema de este año fue “Dos décadas de Regulación de Servicios Públicos en Iberoamérica: Balance y Perspectivas”, y congregó a representantes de organismos reguladores, proveedores de servicios públicos, académicos, investigadores y profesionales de los distintos sectores económicos estratégicos: agua y saneamiento, energía, transportes y telecomunicaciones, de distintos países.

A dicho evento asistieron los profesores de Derecho Administrativo de la USAT, Percy Mogollón Pacherre y César Martin Vinces Arbulú. Este último tuvo una relevante participación presentando su ponencia denominada “Aplicación del principio de subsidiariedad estatal en el servicio de transporte terrestre: la situación peruana”, en la cual propuso una hipótesis de solución a los problemas que aquejan el servicio de transporte terrestre. El profesor Vinces manifestó que: “El principio de subsidiariedad tal como fue entendido en su contexto originario por la doctrina social de la Iglesia Católica –, si bien otorga la preeminencia a la persona y a su libre iniciativa en el contexto social y económico, no deja de lado la idea de que en el ejercicio de las libertades económicas debe garantizarse el orden público, tarea que corresponde al Estado como ente ordenador del mercado”.

De esta manera, el profesor de la USAT dejó en claro que la subsidiariedad es un principio de la filosofía social que obliga al Estado a actuar en el mercado de modo que éste se presente al servicio de las necesidades de los ciudadanos y no como un escenario de maximización desmedida de ganancias.

Cabe mencionar que en este Congreso participaron juristas de notable trascendencia internacional y nacional, como el Dr. Gaspar Ariño, Juan Miguel de la Cuétara, Jorge Horacio Sarmiento, Alberto Biglieri, Alejandro Vergara, Jorge Danós, Alfredo Bullard, entre otros.

Esta conferencia se llevó a cabo el pasado 07 de setiembre del presente año,  en el Auditorio de la Corte de Lima, ubicado en el Edificio Alzamora Valdez (Ex Ministerio de Educación), a la cual asistieron magistrados y auxiliares jurisdiccionales de esta corte. Esta exposición está vinculada a una investigación que realiza el CIDAJ sobre la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la administración de justicia (Expediente Electrónico) y la implementación del nuevo Código procesal penal.

CEJA es un organismo creado por la Organización de Estados Americanos, dotado de autonomía técnica y operativa, que promueve actividades de investigación relacionadas con los temas de reforma de la justicia, mediante la incorporación de instrumentos propios de las políticas públicas, así como desarrolla estudios multidisciplinarios que abarcan los cambios del servicio de justicia.

El Acuerdo establece un marco general de cooperación entre la USAT y el CEJA, en los temas señalados, estando a cargo de su ejecución el CIDAJ.

El convenio está orientado a promover y  difundir los  procesos de reforma y modernización de los sistemas de  justicia en cada región, para lo cual desarrollará junto a la USAT, actividades de capacitación, seminarios, talleres, estudios e investigaciones empíricas, y ejecutar proyectos conjuntos facilitando el perfeccionamiento de los recursos humanos entre otras acciones.

CEJA mantiene convenios de esta misma naturaleza con 82 instituciones públicas del sector justicia (Cortes Supremas, Ministerios Públicos, Defensorías, Universidades entre otras) de diferentes países de América. Asimismo, ha suscrito acuerdos con varias instituciones en Perú, pero sólo tiene convenios con dos universidades, la PUCP y ahora, la USAT. 

El Decano de la Facultad de Derecho, Mag. Javier Espinoza Escobar, resaltó la suscripción del convenio pues constituye “una de las más importantes alianzas internacionales que ha logrado la Facultad de Derecho para trabajar investigaciones en materia de reforma de justicia”.