Por: Dr. Rafael Santa María D’Angelo
Director del Departamento de Ciencias Jurídicas USAT

La reciente decisión del Ministerio de Salud de distribuir la píldora del día siguiente adjuntando un “nuevo” estudio “científico” de la OMS, “dando cumplimiento” al fundamento 62 de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al caso de la píldora del día siguiente, pone en manifiesto algunas cuestiones.

¿Ese es el modo de actuar con respeto a la constitución? ¿Resulta un estudio definitivo e incuestionable un parecer de la OMS? ¿Por qué tanto interés en la distribución de la PDS por parte del MINSA?

En la primera interrogante. Habría que decirle al Ministro Oscar Ugarte, ¿quien es el competente para realizar una interpretación de la sentencia: el MINSA o el TC?, si resulta ser el Ministerio de Salud estaríamos ante un desconocimiento del orden constitucional y un atentado flagrante contra ésta. Si resulta ser el Tribunal Constitucional, como lo es realmente, ¿por qué tiene que actuar así el Ministro?, pues no es sólo un mero comentario sino la ejecución de lo inejecutable. El apoyo de la Ministra de la Mujer evidencia un real desconocimiento de nuestras autoridades del respeto de la primacía de la constitución.

Respecto a la segunda pregunta. Quien conoce la formación y el funcionamiento de las Organizaciones Internacionales se dará cuenta que el carácter técnico-científico queda, en no pocas veces, dejado de lado para obedecer a intereses políticos. Las opiniones de universidades y de institutos especializados resultan más fiables en cuanto a estudios verosímiles. En relación a la PDS, si el punto era lograr una mayor certeza que ésta no resulta abortiva: ¿por qué no se les preguntó a los mismos laboratorios productores sobre el tercer efecto? ¿O es que éstos no tienen científicos calificados? Naturalmente la duda subsiste en el mundo científico.

Finalmente, ¿Cuál es el interés de fondo?, la preocupación última ¿son las mujeres peruanas? O es que su “distribución gratuita” resulta un buen negocio para algunas personas, y como que en última instancia disfrazar la realidad en nuestro país es sencillo. Un buen slogan, un día “oportuno” (el Día internacional de la mujer), niega no sólo de una información objetiva dada las mujeres (el presunto efecto abortivo lo asumen los mismos productores), sino también la institucionalidad de un Estado de Derecho.

Por último y no con ello menos importante, esta “argucia jurídica” del MINSA atenta contra el principio pro homine expresado en la sentencia del TC, el cual considera que en caso de duda se opte por lo favorable a la persona, en este caso al concebido, primer sujeto de derecho en el Perú.

El ministro Oscar Ugarte será recordado no como un buen ministro de salud, sino como un neo “interprete constitucional”, que acuña la frase: “hecha la sentencia, hecha la trampa”